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jueves, 15 de mayo de 2014

Soy juez constitucional y digo lo que quiero

Hoy el juez Álvarez Miranda ha publicado un artículo indolente e ignaro, en el que no solo defiende lo decidido por el Tribunal Constitucional en la sentencia que denegó a una mujer transexual el derecho a que en su DNI figure su identidad sexual (sexo femenino, F), sino en el que también banaliza la pretensión de la demandante, asemejándola a las operaciones que se realizó un hombre para parecerse al muñeco “Ken” (pareja de la muñeca “Barbie”).

El artículo no solo expone de modo totalmente insatisfactorio sus “razones”, incurriendo en varias falacias (como explica bien Renzo Cavani), sino que revela también los prejuicios de los partió la sentencia (como explicó ayer el juez Carlos Mesía).

El texto de Álvarez Miranda, reiteramos, es ignorante e indolente pues sostiene –sin mayor justificación– que el sexo que debe primar en el DNI es el “biológico” y que no puede tutelarse el cambio de sexo porque la condición de transexual es una patología. Al respecto, nada sustenta que el sexo que deba primar en el DNI sea el biológico. Al contrario, cada vez son más los países que, sobre bases científicas –y no sobre el puro prejuicio– respetan la identidad de género a través del sexo registrado en el documento de identidad.

Asimismo, cuando en el campo especializado se señala que la transexualidad es un “transtorno”, no se hace considerando que hay que adaptar la identidad de la persona transexual a su cuerpo (y los genitales con los que nació), sino al hecho de que la separación entre cuerpo e identidad puede generar un “malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo” (Manual DSM IV). Siendo así, la forma de enfrentar este supuesto “transtorno” es, más bien, facilitar material y jurídicamente la vida, el bienestar y el libre desarrollo de la persona transexual, tarea que compromete constitucionalmente al Estado (y que podría incluir, por ejemplo, brindar facilidades para el cambio de sexo).

Es cierto, por último, que la libertad de expresión cobija la posibilidad de decir muchas cosas, algunas con base en la ciencia y el Derecho, así como otras desinformadas y sobre la base de prejuicios. Estas últimas, a veces inocuas, hacen daño cuando se reproducen en sentencias. Por ello, así como el señor operado al que se referió Álvarez Miranda (el neoyorkino Justin Jedlica) no es "Ken", también es verdad que un juez prejuicioso, definitivamente, no es buen juez.


BONUS:
  • Entrevista a Estela, la demandante en el Exp. N° 00139-2014-AA/TC, vía La Ley.
  • En un post anterior expliqué que la STC Exp. N° 00139-2014-AA/TC, pese a todo, permite aseverar la constitucionalidad de un futuro matrimonio igualitario. Ahora agrego que insistir en la transexualidad como un “transtorno” –si es bien explicado y se busca respetar la Constitución– podría utilizarse como argumento a favor de proteger plenamente el derecho a la identidad de género (con otra composición del Tribunal Constitucional, claro está). 
  • (Actualización) Además, la consticrítica Úrsula Indachochea explica que la sentencia debió tener en cuenta el Caso Atala Riffo y, con ello, resolver protegiendo el derecho a la igualdad (a no ser discriminado), además del derecho a la identidad.

lunes, 5 de mayo de 2014

No todo está perdido: el Tribunal Constitucional abre las puertas al matrimonio igualitario

El Tribunal Constitucional acaba de declarar infundada una demanda de amparo (STC Exp. N° 00139-2013-PA/TC) en la que una mujer transexual pidió que el Reniec cambie el sexo consignado en su DNI, de masculino a femenino. Entre los argumentos ofrecidos por el Colegiado Constitucional (que, como en el caso de la sentencia de la píldora del siguiente, lindan con la duda, la ignorancia y el oportunismo), hay uno que llama especialmente la atención: señala que no podía declarar fundada la demanda porque ello implicaría admitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, siendo ello algo que debe ser decidido por el legislador (para el Tribunal la demandante transexual sigue siendo hombre y ve que con el cambio de sexo se abre la posibilidad de que se case con otro hombre).

El Tribunal sostiene que no puede introducir el matrimonio entre personas del mismo sexo en el ordenamiento jurídico, pues con ello incurriría en un "activismo judicial" inadmisible, invadiendo las competencias del legislador. Más claramente, señala que “tal matrimonio [homoafectivo] –en razón de comprometer toda una concepción del Derecho de familia que configura el Derecho civil– debe ser ampliamente debatido por los ciudadanos y los congresistas como sus representantes (…) [S]u discusión y eventual decisión debe hacerse en sede legislativa (…), pero no jurisprudencialmente, ya que el diálogo democrático implica la discusión abierta al pueblo y a los parlamentarios que lo representan”. En otras palabras: ya que se trata de un asunto tan relevante que cambiaría la concepción de familia prevista en el Código Civil, debería ser llevado al debate público y no decido por los jueces.

De inicio, es claro que esta sentencia no es progresista y, es más, que el Tribunal ha querido lavarse las manos respecto a una posible futura tutela de derechos fundamentales de las parejas homosexuales (a no ser discriminadas y al libre desarrollo de la personalidad, entre otros). Pero hay una lectura de estos fundamentos jurídicos (ff. jj. 33-37) que tal vez el Tribunal no previó del todo, aunque se desprende con claridad de ellos: el matrimonio igualitario no es inconstitucional. Efectivamente: el matrimonio entre personas del mismo sexo sí es una posibilidad constitucional, que solo incide en la legislación civil, no requiere reforma constitucional y puede ser discutida con toda legitimidad en el Congreso.

Siendo así, pese al grave revés ocurrido en el ámbito del derecho a la identidad, esta sentencia en realidad abre paso (sin perjuicio de insistir en la unión civil), ni más ni menos, que a la aprobación del matrimonio igualitario.

PD: Por cierto, vale la pena resaltar el contundente voto singular de los magistrados Gerardo Eto y Carlos Mesía, en el que responden a los argumentos de la mayoría de jueces del Tribunal Constitucional.